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Cuando el Estado se convierte en Botín

Christian Pino Garrido

El discurso neoliberal utiliza entre muchas otras estrategias desleales, la creación de escenarios de terror.

Quienes lo propugnan, lo consideran una herramienta útil para disfrazar de ciencia una serie de postulados que rayan en el esoterismo, como aquel de la “mano invisible del mercado”, tan invisible que nunca nadie la ha visto, y que cada vez que sus defensores la han dejado actuar “libremente”, han salido perjudicados en sus intereses. Para protegerse de las tormentas que su propia torpeza ha creado, sin ningún escrúpulo proceden a socializar su pérdidas, esto quiere decir, utilizar el dinero de todos los contribuyentes (o plata del Estado) para remediar las pérdidas del sector privado.

A lo largo de estos 10 años han inventado toda clase de escenarios de terror para conectarse con el electorado. Nos han querido convencer de que tarde o temprano desaparecerá la propiedad privada, de que se eliminará la libertad de culto, de que no existe libertad de expresión, libertad de emprendimiento o libertad para elegir qué carrera estudiar, nos hablan de la inseguridad, de la delincuencia y de la corrupción trepidante.

El objetivo principal es captar el gobierno cueste lo que cueste, y en función de esos terrores magnificados, justificar las más audaces medidas de ajuste, que en el fondo lo que buscan es desmantelar la estructura estatal para que las definiciones de política pública se trasladen a los grupos de poder y que los servicios públicos pasen a ser prestados por actores privados. Esto quiere decir, traspasar las cargas tributarias de los que más ganan a las clases medias y bajas, a través de la disminución de subsidios públicos y el aumento de los precios públicos. Y claro está, repartirse la acumulación del capital estatal logrado durante años de inversión pública.

Otro de los monstruos generados para atemorizarnos, es el del supuesto Leviatán estatal que se ha configurado en estos años, compuesto por un “exorbitante” número de instituciones públicas y de servidores públicos, responsable de haber “dilapidado” la mayor riqueza petrolera de nuestra historia. Lo que no recuerdan aquellos que hoy se presentan como eficientes administradores, es cómo era el Estado que nos heredó el neoliberalismo.

Ampulosa estructura estatal colmada de entidades descoordinadas, ineficientes, sin capacidades reales, con competencias superpuestas y con infinidad de mecanismos creados para la repartición de recursos públicos, sin criterios de equidad, ni sujeción a la planificación, ni mecanismos de control, bajo la sola lógica de la componenda.

El alto número de entidades públicas con competencias superpuestas, fue consecuencia de las ineficiencias de los órganos centrales, provocadas deliberadamente por el neoliberalismo, que obligaron a crear innumerables entidades locales, como los organismos de desarrollo regional, que no solo no cumplían eficientemente sus funciones, sino que eran espacios donde campeaba la corrupción en todos sus niveles. Hoy se ha reorganizado la estructura del Estado y se ha reducido el número de entidades del Estado de 204 en 2006 a 135 en la actualidad, eliminando así la superposición de funciones en la estructura estatal nacional y local.

Otro de los males del Estado neoliberal fue la captura por parte de los grupos de poder de los espacios colegiados de definición de políticas públicas, de regulación y de control de las actividades económicas, con lo que se aseguraba la absoluta sumisión de las autoridades de elección popular a los poderes fácticos representados por las inefables cámaras.

No obstante, durante estos últimos diez años de gobierno se ha devuelto al Estado la capacidad de definir políticas públicas y se ha fortalecido su capacidad de planificación, regulación, control, gestión y coordinación, como consecuencia de la implementación de un proceso de transformación del Estado, que descorporativizó alrededor de 81 instancias de diversa naturaleza, ya sea suprimiéndolas o bien eliminando de su estructura a representantes de grupos fácticos de poder.

Uno de los principales obstáculos que deliberadamente introdujo el neoliberalismo para la gestión pública, fue lo que se conoce como: la compartimentalización del Presupuesto General del Estado, que operaba a través de las denominadas preasignaciones presupuestarias que se instrumentaron por vía legal.

Estas preasignaciones ataban de manos al Presidente de turno, ya que su gestión quedaba supeditada a la ejecución de una parte marginal del presupuesto del Estado, pues gran parte de este se destinaba por ley al servicio de la deuda, a la creación de fondos de contingencia que se depositaban en cuentas en el extranjero y que solo se liberaban para pagar deuda, a la entrega de recursos a entidades locales pseudoestatales o incluso de entidades de naturaleza privada, que no estaban sujetas a ningún mecanismo de coordinación con la política del gobierno ni mucho menos eran objeto de control.

Para tal efecto la Constitución de Montecristi (2008) prohibió las preasignaciones del presupuesto, se derogaron alrededor de 12 Leyes que establecían estas preasignaciones y se incorporaron en la legislación mecanismos de vinculación de los recursos públicos a la planificación y mecanismos de control a los mismos.

Como consecuencia de esas malas prácticas administrativas, no es extraño que durante los años más apremiantes de la crisis neoliberal, fuera notorio el abandono y cooptación de la educación pública; las deficiencias de los servicios de salud; las indignantes falencias de la Policía Nacional; la corrupción rampante en las telefónicas, registro civil, servicios aeroportuarios, postales; y, la falta de energía eléctrica, entre tantos otros desatinos que nos dejó el ciclo neoliberal.

Sin embargo, en estos últimos diez años se reestructuraron los modelos de gestión de los ministerios y otras entidades prestadoras de servicios públicos; se realizó una inversión pública nunca antes vista, que proveyó al país de infraestructura física que permitió al Estado llegar a espacios territoriales donde antes su presencia  era una quimera, consecuencialmente con ello se aumentó el acceso a los servicios públicos.

Por ejemplo, según datos de SENPLADES (2017), en salud las atenciones en establecimientos públicos pasaron de 16 millones a 41 millones, la tasa de médicos por cada mil habitantes pasó del 9.0 al 18.0. En educación se incrementó el número de matriculas en establecimientos públicos en un 54%. La inversión en seguridad para la Policía Nacional pasó de 299 millones en el periodo 2000- 2006 a 3,766 millones en el período 2007 – 2016, como consecuencia, la tasa de homicidios cayó de 17,8 por cada 100 mil habitantes a 5,7 por cada 100 mil habitantes. Se construyó infraestructura generadora de energía limpia que aumentó la potencia instalada renovable de 1.875 mega wats a 3.853 mega wats, lo que permitió al país ahorrar 622 millones de dólares en el año 2016.

A pesar de todos estos grandes avances en el proceso de institucionalización y fortalecimiento del aparato estatal, que nos permiten apreciar una notable diferencia entre la situación actual del Estado, con relación a la paupérrima situación que vivimos en las décadas perdidas de aplicación del dogma neoliberal, hoy reaparecen esas viejas figuras de la política propugnando ideas de “cambio”, pretendiendo resucitar la necesidad de aplicar su receta en el país, apoyados en una inmensa maquinaria mediática (privada), que sin tregua nos ha repetido por años cual beatas de domingo, ese rezo de la supuesta ineficiencia y tamaño desproporcionado del Estado, rezo de los elefantes blancos, rezo del supuesto exceso de funcionarios públicos, rezo de que las 8 hidroeléctricas son demasiadas para un país tan pequeño, etc.

De ser elegidos los actores políticos del pasado, más temprano que tarde, amparados en la justificación falaz de que el Estado es el problema, desmantelarán todo aquello que como ecuatorianos -afines o no al gobierno- hemos construido colectivamente.

El riesgo inminente como ciudadanos, es volver a ese Estado deteriorado al que le pueden achacar todos los males,  cuyos principales activos podrán ser rematados a precios de miseria, para favorecer los intereses mezquinos y privados de la bancocracia, que ya en su momento quebró al país (expulsó a dos millones de ecuatorianos) y que hoy desesperadamente lucha por volver al poder y arrebatarnos lo construido.

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