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Los millennialassos

Christian Pino Garrido

En el fragor de la contienda electoral previa al balotaje, hemos visto aparecer a nóveles representantes de las cámaras empresariales guayaquileñas, disfrazados de asesores de campaña, vestidos de técnicos impolutos y neutrales, dotados de amplios conocimientos, quienes con libros de su autoría bajo el brazo y mucha arrogancia, nos vienen a pontificar acerca del camino que ha de transitar el país en el futuro para no repetir los errores de un pasado que parecen no recordar, o incluso desconocer.

No es raro que los principales asesores económicos del banquero aspirante a la Presidencia de la República, sean los representantes de esa casta de rancio abolengo porteño a quienes atinadamente se les conoce como “patricios”, élite económica que durante estos últimos años ha visto afectada su influencia en el quehacer político del país.

Lo que si resulta extraño, es que estos adalides de los negocios, estos paladines de la generación de trabajo, se presenten con desparpajo y nos pretendan dar lecciones de economía. Habría primero que preguntarles a estos exitosos empresarios, cómo sin auto crítica y sin atisbo de responsabilidad, acusan al Estado de la falta de empleo y de la ausencia del cambio de la matriz productiva; cabe preguntarles por ejemplo, cómo han utilizado las capacidades sistémicas que el  Estado, al que hoy le achacan todos los males, les ha entregado tan solo a cambio de que paguen sus impuestos, resguarden los derechos de sus trabajadores y sean responsables con el ambiente; cómo han utilizado los incentivos económicos y tributarios que el gobierno les ha entregado; y cómo han manejado la crisis en sus propias organizaciones empresariales.

De acuerdo con información de Senplades[1], el Estado a través de una política agresiva de inversión pública (9,6% del producto interno bruto en 2015), dinamizó e impulso fuertemente la economía, lo que permitió que todos los sectores productivos del país, sin excepción, aumenten sus ganancias. De hecho, los sectores financiero e inmobiliario en particular, experimentaron las mayores utilidades de su historia.

El principal objetivo y resultado de la inversión pública rebasa con creces la mera dinamización de la economía, puesto que uno de sus logros principales ha sido el desarrollo de la capacidad sistémica para el impulso de la actividad productiva con la que hoy cuenta el país, capacidad que deliberadamente el neoliberalismo abandonó por casi 30 años.

Para ello, el Estado llevó adelante la construcción de cientos de kilómetros de carreteras, que de acuerdo con el reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial ubican al Ecuador en el número 1 en el ranking de mejor calidad de vías en América Latina y 24 en el mundo; la construcción de infraestructura para el riego y control de inundaciones, que dotó a miles de hectáreas con agua, lo que ha permitido aumentar en un 42% el índice de hectáreas de superficie cosechada, y que ha permitido reducir en un 34% la participación de las importaciones en el consumo de alimentos; la construcción de infraestructura eléctrica, que aumentó la eficiencia  y soberanía energética, para que el sector productivo no esté sujeto a los vaivenes de la meteorología; la construcción de infraestructura portuaria y aeroportuaria, que nos ha permitido escalar 42 posiciones en el ranking mundial de infraestructura del transporte, de acuerdo con el reporte global de competitividad que elabora el Foro Económico Mundial, la construcción de infraestructura educativa de calidad, así como el apoyo y promoción a los mejores estudiantes del país, para que se formen en las mejores universidades del Ecuador y del mundo, a través de un ambicioso plan de becas que permitió aumentar 82 veces el número de becas otorgadas, las que pasaron de 237 en el periodo 1995 – 2006 a la histórica cifra de 19.586 en el período 2006 – 2016.

Ese Estado al que hoy reclaman una imposición excesiva de cargas tributarias, se ha preocupado en otorgarles una multiplicidad de incentivos. Para tal efecto se expidieron leyes como el Código Orgánico de la Producción, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, la Ley de Incentivos Productivos y Prevención del Fraude Fiscal, la Ley Orgánica de Incentivos a las Asociaciones Público Privadas, la Ley Orgánica de Cultura y se emitieron sendas disposiciones del Comité de Comercio Exterior (COMEX).

A través de dichos instrumentos se  estructuró una diversa gama de facilidades de pago, diferimientos, reducciones, deducciones y exoneraciones de tributos, las mismas que se encuentran establecidas para todos los sectores de manera general o diferenciadas para sectores priorizados, para el desarrollo de industrias básicas (minería, petróleo, gas, sector forestal), para MIPYMES, para el incentivo de zonas deprimidas, para la atracción de inversiones, o para el establecimiento de asociaciones público privadas.

El Estado al que estos sectores acaudalados (históricamente acostumbrados a privilegios excluyentes), miran con sospecha, ha hecho su parte en los últimos 10 años, ha creado las condiciones para que el sector empresarial genere trabajo digno, dinamice la economía, produzca bienes de consumo interno, agregue valor a las materias primas, y se conviertan en lo inmediato  en verdaderos emprendedores, que en el mediano plazo puedan devenir, por qué no, en innovadores y desarrolladores de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos, de manera que podamos como país, modificar nuestra estructura productiva para equilibrar el desbalance comercial que históricamente nos ha afectado, contribuyendo de esta manera a dar el salto tan necesario hacia una economía terciaria, productora de bienes con alto valor agregado y de servicios. El sector productivo, aunque no quiera reconocerlo, tiene una gran dosis de responsabilidad en nuestro retraso como país.

En esta coyuntura electoral en la que estos representantes del sector productivo se presentan como una alternativa de gobierno, es imprescindible que los ciudadanos comunes y corrientes, trabajadores, jóvenes profesionales y especialmente los sesudos periodistas y analistas, les exijamos cuentas respecto a su responsabilidad en el desarrollo nacional, respecto a la manera como han orientado a sus agremiados en el aprovechamiento de estos beneficios, o a la manera en la que se han mostrado decididos a asumir riesgos, a emprender, a repatriar sus capitales, a pagar sus impuestos, a reducir sus utilidades para defender el empleo.

Seguramente las respuestas serán decepcionantes, pues la técnica, los estudios, los libros y el estilo desenfadado, no son más que un disfraz detrás del cual se esconde la cicatera defensa de un interés de clase, acompasado por un trasnochado y remendado discurso neoliberal del cual hoy demagógicamente reniegan, e intentan disfrazar con el trillado eslogan del cambio. El “patricio” aunque se vista de académico, “patricio” se queda.

[1] La Década Ganada,  Senplades Enero 2017

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